Jurisprudencia Total

Nulidad de Sentencia

NULIDAD DE SENTENCIA: SENTENCIA PREMATURA:

“… que, por otro lado la sentencia estima que la demandada no ha cumplido con acreditar que haya brindado al demandante los implementos y elementos necesarios para proteger su integridad y su salud, sin embargo no se ha efectuado el esclarecimiento necesario que permita determinar si es posible laborar en el interior del centro minero, como señala el demandante “sin aparatos de protección” durante el tiempo que duró su relación laboral con la demandada y tampoco sobre los implementos que para tal actividad cubren al trabajador de la posibilidad de adquirir la enfermedad profesional invocada en la demanda, de manera de poder apreciar la responsabilidad de la demandada y el grado de la misma; …”

Exp. Nº 5836-2003 IDP (A/S)

Señores:

CHUMPITAZ RIVERA

MORALES GONZALEZ

LADRON DE GUEVARA SUELDO

Lima, 26 de Enero del 2004.

VISTOS: en audiencia pública de la fecha; sin el informe oral solicitado; interviniendo como vocal ponente la doctora Elina Chumpitaz Rivera; siendo objeto de revisión el auto expedido en la audiencia única de fecha 27 de noviembre del dos mil dos, de fojas 88 a 90, en la parte apelada por Centromín que declara infundadas las excepciones de falta de legitimidad para obrar del demandante y de prescripción extintiva; así como de la sentencia de fecha doce de mayo del dos mil tres de fojas 137 a 138, que declara fundada en parte la demanda, apelada por esta misma parte, conforme se advierte del recurso que corre de fojas 147-153; y CONSIDERANDO: PRIMERO: que, respecto a la excepción de falta de legitimidad para obrar del demandante, la responsabilidad invocada en la demanda no está referida a la cobertura que por enfermedad profesional debiera cubrir ESSALUD en mérito a la Ley Nº 26790 que invoca la Empresa Minera Centromín Perú S.A. a fojas noventitrés, sino aquella que se origina en el incumplimiento de obligaciones por dolo, culpa inexcusable o culpa leve, de conformidad con el artículo mil trescientos veintiuno del Código Civil, en consideración a la relación contractual laboral habida entre las partes según certificado de trabajo de fojas cuatro, de manera que en tal caso se ha entablado correctamente la relación jurídico procesal entre las mismas partes de la relación jurídica sustantiva, como lo ha apreciado el A quo, al declarar infundada la excepción de falta de legitimidad para obrar del demandante, deducida por esta parte, para la cual laboró el actor como se desprende del certificado de trabajo de fojas 04; SEGUNDO: que en cuanto a la excepción de prescripción extintiva, la demandada deduce la excepción de prescripción extintiva de la acción invocando el plazo prescriptorio de tres años en aplicación de la Ley Nº 26513; TERCERO: que, de acuerdo a dicha ley, “las acciones por derechos derivados de la relación laboral prescriben a los tres años desde que resulten exigibles”, plazo que, estando al carácter evolutivo de la enfermedad profesional invocada, no resulta razonablemente aplicable al caso de autos, en tanto no se trata de un derecho derivado de la relación laboral la indemnización reclamada, sino del hecho invocado como perjuicio causado por el incumplimiento de la obligación contractual, debiendo observarse entonces el plazo de diez años previsto para la acción personal en el inciso primero del artículo dos mil uno del Código Civil a efecto de poder resolver la excepción planteada, en tanto su aplicación supletoria de conformidad con el artículo IX del Título Preliminar del Código Civil, no es incompatible con la naturaleza de la pretensión demandada y por haberse invocado en la demanda el incumplimiento de obligaciones, lo cual es compatible con la responsabilidad contractual en atención a la relación de trabajo habida entre las partes; CUARTO: que, de la fecha de cese del demandante, el cuatro de mayo de mil novecientos noventiséis (fojas 4) a la fecha de presentación de la demanda el doce de julio de dos mil dos según aparece a fojas doce, no ha vencido el plazo de prescripción aplicable de diez años y menos desde el diecisiete de junio del dos mil, en que la constancia médica de fojas tres, certifica la enfermedad profesional adquirida por el demandante y el grado de afectación de ésta en su salud; debiendo confirmarse; QUINTO: que, respecto a la apelación de la sentencia, el demandante pretende el pago de S/. 50,000.00 nuevos soles por concepto de indemnización por daños y perjuicios por responsabilidad contractual de la Empresa y que se ha dictaminado por la Dirección General de Salud Ambiental – Salud Ocupacional, del Ministerio de Salud que adolece de enfermedad ocupacional minera, sin embargo se advierte que en la demanda el actor no ha precisado la cuantificación de su pretensión por el lucro cesante (privación de ingreso económico), como tampoco del daño emergente (empobrecimiento provocado), a los que se refiere a fojas quince; SEXTO: que, por otro lado la sentencia estima que la demandada no ha cumplido con acreditar que haya brindado al demandante los implementos y elementos necesarios para proteger su integridad y su salud, sin embargo no se ha efectuado el esclarecimiento necesario que permita determinar si es posible laborar en el interior del centro minero, como señala el demandante “sin aparatos de protección” durante el tiempo que duró su relación laboral con la demandada y tampoco sobre los implementos que para tal actividad cubren al trabajador de la posibilidad de adquirir la enfermedad profesional invocada en la demanda, de manera de poder apreciar la responsabilidad de la demandada y el grado de la misma; asimismo es importante advertirse que con resolución de fecha veintitrés de febrero del dos mil uno recaída en la Casación Nº 3084-00 Lima, publicada el treintiuno de julio del dos mil uno en el Diario Oficial el Peruano (cuarto considerando) la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema, deja establecido que el daño moral es de naturaleza civil; en consecuencia en garantía del debido proceso y la doble instancia amparados en los incisos 3) y 5) del artículo 139º de la Constitución Política del Estado, la sentencia apelada resulta prematura y no reúne los requisitos indispensables para la obtención de su finalidad, por lo que deviene en nula, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 171º del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria; por estas razones CONFIRMARON el auto expedido en la audiencia única de fecha veintisiete de noviembre del dos mil dos, de fojas ochentiocho a noventa, en la parte que declara infundadas las excepciones de falta de legitimidad para obrar y de excepción de prescripción extintiva formulada por esta misma parte; asimismo DECLARARON NULA la sentencia de fecha doce de mayo del dos mil tres de fojas 137 a 138, que declara fundada en parte la demanda; DISPUSIERON que el A quo emita nuevo pronunciamiento conforme a ley, observando lo dispuesto por el artículo sexto de la Ley Orgánica del Poder Judicial; en los autos seguidos por HUGO JORGE YAURI CASTILLO, con EMPRESA MINERA DEL CENTRO DEL PERU – CENTROMIN PERU S.A., sobre indemnización por daños y perjuicios; y los devolvieron al Décimo Primer Juzgado de Trabajo de Lima.

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